El Consejo de la Judicatura propone reformas legales al Código Orgánico de la Función Judicial
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El Consejo de la Judicatura propone reformas legales al Código Orgánico de la Función Judicial

 

Dentro del trámite de una denuncia o queja por error inexcusable, el funcionario judicial observado podría solicitar la realización de una audiencia pública para que exponga los argumentos de su defensa.

 

Este es uno de los cambios planteados por el Consejo de la Judicatura (CJ) ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, como parte del análisis de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). 

 

El titular del CJ, Gustavo Jalkh, propuso, además, que el error inexcusable sea tipificado en el COFJ como la “notoria ineptitud o descuido del servidor judicial, quien, al momento de cumplir sus funciones, inobserva un mandato legal expreso, separándose de toda interpretación admisible e imposible de justificar jurídicamente, de acuerdo con las reglas de la lógica y la argumentación jurídica”.

 

Según el doctor Jalkh, esta definición ha pretendido recoger los conceptos jurídicos que existen, sobre este tema, en la jurisprudencia de países como España, Costa Rica y México.

 

El titular del CJ aseguró que no se debe confundir el error inexcusable con el error judicial que es la declaración de responsabilidad estatal frente al error de hecho o de Derecho en la administración de justicia.

 

El Presidente Jalkh sostiene que sería un retroceso eliminar el error inexcusable, como algunos sectores sugieren, ya que esto significaría quitar a la ciudadanía la posibilidad de presentar sus quejas y denuncias por malas actuaciones judiciales.

 

En este mismo sentido, se pronunció el asambleísta Luis Fernando Torres, quien señaló que no está de acuerdo con las propuestas de abolir el error inexcusable. Aclaró que hay que regular y tipificar adecuadamente esta figura ya que el ciudadano debe tener armas para que los jueces carentes de probidad sean sancionados. 

 

Otra reforma que propone el CJ es cambiar el programa de prácticas preprofesionales por un sistema de patrocinio legal gratuito.

 

El vocal Néstor Arbito explicó que el objetivo es que los abogados recién graduados realicen un año de patrocinio legal gratuito con casos asignados por el Consejo de  la Judicatura. “La práctica preprofesional tal como está diseñada en el 2009, no se adapta al sistema oral que tenemos post año 2016 que entró en vigencia en el COGEP”, dijo. 

 

Según Arbito, esta reforma también se orienta a fortalecer la Defensa Pública que se presta de manera integral, tanto a actores como a demandados.

 

Reformas a otras normativas

 

Con referencia a la Ley Orgánica del Servicio Público, Gustavo Jalkh insistió en el pedido que, hace más de un año, realizó el CJ para que cualquier persona que recibió sentencia condenatoria por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar tenga inhabilidad definitiva para ejercer cargos en la institución a la que pertenecía y de al menos dos años, en el resto de organismos estatales.

 

Asimismo, la Judicatura propuso que, en procesos de pensiones alimenticias, los incidentes posteriores a la sentencia que fijó los montos a cancelar por parte del alimentante, sean tramitados por un nuevo juzgador designado a través de sorteo.

 

En este mismo tema, el CJ propuso que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se determine que, una vez ejecutada la boleta de apremio contra el deudor de alimentos, se realice una audiencia en la que se establezca la fórmula de pago para que cese la medida cautelar.

 

Actualmente, por disposición de la Corte Constitucional, primero se realiza la audiencia para luego determinar medidas de apremio en contra del deudor.

 

De igual forma, se pidió reformar el artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos para que la boleta de apremio tenga una vigencia de seis meses y no de 30 días como es actualmente.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN